España entró en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Es la primera vez en democracia que un país arrastra el mismo presupuesto durante tres años consecutivos. No es un récord para presumir.
Cuando el Congreso rechazó por segunda vez el techo de gasto para 2026-2028 el pasado 11 de diciembre, selló el destino de las cuentas públicas: prórroga automática. Otra vez. Las mismas partidas presupuestarias de hace tres años siguen rigiendo la economía del país, mientras la inflación erosiona su valor real y la capacidad de inversión se desploma.
Esto no es solo un problema de gestión política. Afecta a cosas concretas: qué infraestructuras se construyen, qué servicios se amplían, cómo planifican las comunidades autónomas, cuánto control tiene el parlamento sobre el dinero público. Y nadie sabe cuándo habrá presupuesto nuevo.
¿Qué significa que los presupuestos estén “prorrogados”?
Cuando el Congreso no aprueba un presupuesto antes del 1 de enero, la Constitución tiene una solución de emergencia. El artículo 134.4 dice que los presupuestos del año anterior “se considerarán automáticamente prorrogados” hasta que haya unos nuevos. No hace falta votar nada: la prórroga es automática.
Pero prorrogar no significa congelar todo igual. Hay cosas que pueden seguir y cosas que no.
Lo que sí funciona con presupuestos prorrogados: - Las pensiones y los salarios públicos se actualizan automáticamente. En 2026, las pensiones subieron un 2,7% por la inflación y los funcionarios cobraron entre un 1,5% y un 2% más. Eso son 9.300 millones de euros adicionales que se gastan aunque el presupuesto sea de 2023. - Los servicios existentes continúan: hospitales, colegios, prestaciones sociales, pago de deuda. - El gobierno puede hacer “modificaciones presupuestarias” para mover dinero entre partidas o crear créditos extraordinarios. Hasta noviembre de 2025, esas modificaciones sumaron 75.400 millones de euros, más que en plena pandemia.
Lo que no puede hacerse: - Iniciar nuevas inversiones de capital. Los capítulos VI y VII del presupuesto (infraestructuras, inversión pública) no se prorrogan. - Lanzar programas nuevos que no estuvieran en el presupuesto de 2023. - Ampliar servicios más allá de lo que ya existía.
En la práctica, significa que el gobierno puede mantener la maquinaria funcionando, pero no puede hacer cosas nuevas. Y cuanto más tiempo pasa, más se nota.
Qué cosas concretas se quedan sin hacer
La inversión pública es lo primero que sufre. España invirtió una media del 2,6% del PIB entre 2009 y 2024, mientras la eurozona invertía el 3,4%. Para alcanzar la media europea, España necesitaría gastar 15.000 millones de euros más al año en inversión pública. Con presupuestos prorrogados, ese déficit se agranda.
Los datos lo muestran: la inversión cayó de 44.115 millones de euros en 2023 a 43.322 millones en 2024 (el primer año de prórroga). Una reducción de 793 millones. En 2025 y 2026, sin presupuesto nuevo, la tendencia continúa.
Esto no es solo una cifra abstracta. Sin nuevos presupuestos, no se pueden iniciar proyectos de infraestructura que no estuvieran ya en marcha. No hay nuevas líneas de tren, nuevos hospitales, nuevas escuelas. Los proyectos existentes continúan, pero la expansión se bloquea.
También afecta a cómo planifican las comunidades autónomas. Aunque el gobierno central les transfirió 156.990 millones de euros en entregas a cuenta en 2026 (la cifra más alta de la historia), casi la mitad de las autonomías empezaron el año sin sus propios presupuestos aprobados. Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Baleares operan también con cuentas prorrogadas. Doble bloqueo: nacional y regional.
Sin saber qué dinero llegará ni cuándo, las autonomías no pueden comprometerse a nuevos proyectos. Improvisan con modificaciones presupuestarias, igual que hace el gobierno central. El resultado es gestión reactiva en lugar de planificación estratégica.
Y mientras la inversión se congela, los gastos obligatorios crecen solos. Las pensiones, los salarios públicos, las prestaciones sociales suben automáticamente con la inflación. Eso crea un efecto de “trinquete”: lo caro aumenta, lo flexible se paraliza. El margen de maniobra se estrecha cada año.
Por qué el gobierno no consigue los votos
El gobierno de coalición PSOE-Sumar no tiene mayoría propia en el Congreso. Necesita apoyos de otros partidos: ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, BNG. Y sobre todo, necesita a Junts per Catalunya, que tiene siete diputados.
Pero Junts ha dicho públicamente que “si depende de ellos, no habrá presupuesto”. Sus demandas incluyen el cumplimiento de compromisos de ejecución presupuestaria anteriores, la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, un modelo de financiación fiscal para Cataluña y la aplicación completa de la ley de amnistía. Hasta febrero de 2026, no hay negociaciones activas entre Junts y el gobierno sobre el presupuesto.
Sin Junts, los números no salen. Y sin números, ni siquiera se puede presentar el presupuesto formalmente. El paso previo es aprobar la “senda de estabilidad”, el techo de gasto que fija cuánto puede gastarse en los próximos tres años. El Congreso la rechazó dos veces: el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025.
En la segunda votación, 177 diputados votaron en contra, 166 a favor y cinco se abstuvieron. PP, Vox, Junts y UPN formaron el bloque del no. Sin senda de estabilidad aprobada, no puede haber presupuesto. Y sin acuerdo político para cambiar esos votos, no habrá nuevo presupuesto en 2026.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el gobierno presentará el presupuesto “en el primer trimestre” y que la prórroga es “plenamente constitucional”. Pero presentar no significa aprobarlo. Y mientras tanto, España sigue con las cuentas de 2023.
El Congreso pierde el control del gasto
Los presupuestos son el instrumento principal del Congreso para controlar qué hace el gobierno con el dinero público. Cada año, el parlamento decide dónde se invierte, qué se financia, qué prioridades tiene el país. Sin nuevos presupuestos, esa función desaparece.
El gobierno compensa con modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios, suplementos, transferencias entre partidas. Hasta noviembre de 2025, esas modificaciones sumaron 75.400 millones de euros. Para ponerlo en contexto, eso equivale al 38% del techo de gasto que el Congreso rechazó. Y supera incluso los niveles de modificaciones durante la pandemia.
Estas modificaciones requieren aprobación parlamentaria, pero no el mismo nivel de escrutinio que unos presupuestos completos. El Tribunal de Cuentas advirtió en diciembre de 2024 que “no hay un sistema de control adecuado” para reflejar los resultados de la gestión económica en los Presupuestos Generales del Estado. El sistema de seguimiento presupuestario “no está bien diseñado” para informar de las consecuencias de desviaciones significativas.
En la práctica, el Ejecutivo gobierna con decretos de urgencia y modificaciones presupuestarias, mientras el Congreso ve pasar el dinero sin poder fijar las prioridades de gasto. Es una erosión del control parlamentario que se agrava con cada año de prórroga.
Ha pasado antes, pero nunca tanto tiempo
Los presupuestos se han prorrogado 11 veces en la democracia española. La primera vez fue en 1978, durante la transición. Luego en 1982, cuando el gobierno pasó de UCD a PSOE. En 1995-96, tras rechazarse el presupuesto y convocarse elecciones anticipadas. Y más recientemente en 2016, 2017 y 2018.
El récord anterior eran dos años consecutivos. Los presupuestos de 2018 se prorrogaron para 2019 y 2020, algo considerado extraordinario en su momento. Ahora, España lleva tres años con el presupuesto de 2023. Nadie en democracia había llegado tan lejos.
Y España es el único país de la Unión Europea en esta situación. Francia tuvo una crisis presupuestaria en 2025 que llevó a la dimisión del gobierno, pero aprobó presupuesto a los pocos meses. Bélgica y Alemania han tenido retrasos, pero de semanas o meses, no de años. Ningún otro país europeo está operando con un presupuesto de hace tres años.
La diferencia no es solo de tiempo, sino de consecuencias acumuladas. Un año de prórroga es un parche de emergencia. Dos años empiezan a crear rigidez. Tres años significan que las prioridades políticas de 2023 siguen rigiendo en 2026, sin importar qué ha cambiado en el país, en Europa o en el mundo.
Qué viene ahora
La ministra Montero dice que presentará el presupuesto de 2026 en el primer trimestre del año. Pero presentar no es aprobar. Y los votos que faltan siguen faltando.
Mientras, el país funciona con inercia institucional: lo que ya existía continúa, lo nuevo se pospone. Las pensiones suben, los funcionarios cobran, los hospitales funcionan. Pero la inversión pública se hunde, las comunidades autónomas improvisan y el Congreso ha perdido el control sobre una parte creciente del gasto.
No es un colapso. Es una degradación lenta. Y cada mes que pasa sin presupuesto nuevo, la distancia entre las prioridades políticas y la realidad del país se hace más grande.
España no está en default ni en crisis de deuda. Su déficit público bajó al 3,2% del PIB en 2024, mejor que 10 países de la eurozona. La economía crece. Pero gobernar con un presupuesto de hace tres años no es gobernar: es administrar lo que ya existe, sin poder decidir hacia dónde ir.
La pregunta no es solo cuándo habrá presupuesto nuevo. Es cuánto tiempo puede un país democrático funcionar sin que sus representantes electos decidan cómo gastar el dinero público.