Imagina que en 2023 hiciste un presupuesto familiar: tanto para el alquiler, tanto para la compra, tanto para el coche. Ahora imagina que en 2026 sigues con las mismas cifras, sin tocar una coma, mientras todo ha subido de precio. Tu presupuesto dice lo mismo, pero tu dinero compra menos.
Eso es exactamente lo que le pasa a España. Los últimos presupuestos que aprobaron las Cortes Generales son los de 2023 — la Ley 31/2022, de 23 de diciembre. Desde entonces, se han prorrogado automáticamente tres veces: en 2024, en 2025 y ahora en 2026. Es la racha más larga de prórroga presupuestaria en la democracia española.
Y no es un tecnicismo. Significa que hospitales, colegios, carreteras e infraestructuras funcionan con las cifras que alguien calculó hace más de tres años. Con una inflación acumulada de en torno al 10% desde entonces, cada partida compra hoy bastante menos que cuando se diseñó.
¿Qué es exactamente una prórroga presupuestaria?
La Constitución española lo deja claro en su artículo 134: el Gobierno debe presentar los presupuestos al Congreso con al menos tres meses de antelación al fin del año fiscal — es decir, antes del 30 de septiembre. Si no se aprueban unos nuevos, los anteriores se prorrogan automáticamente.
El mecanismo existe como red de seguridad: un país no puede quedarse sin presupuesto de la noche a la mañana. Pero nadie diseñó el sistema pensando en que la red se usaría tres años seguidos.
El problema concreto: cuando un presupuesto se prorroga, se mantienen las mismas partidas nominales, pero no se pueden crear nuevas líneas de inversión. Los créditos del capítulo 6 — las inversiones reales, como construir hospitales o mejorar vías de tren — no se extienden si el proyecto original ya concluyó. En la práctica, la prórroga congela el país en el pasado.
¿Por qué no se aprueban unos nuevos?
La respuesta corta: aritmética parlamentaria. El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar suma unos 152 escaños en el Congreso, lejos de los 176 necesarios para una mayoría absoluta. Necesita el apoyo de varios partidos minoritarios — y ahí es donde se rompe todo.
La ruptura con Junts
El 27 de octubre de 2025, la ejecutiva de Junts per Catalunya se reunió en Perpiñán (Francia, no España — varios de sus dirigentes, incluido Carles Puigdemont, tienen cuestiones judiciales pendientes) y votó unánimemente romper con el PSOE. Puigdemont declaró el pacto de investidura “roto” y acusó al PSOE de “incumplimiento”.
¿Qué exige Junts? Una lista larga. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, lo resumió así: “Ante los incumplimientos del PSOE, lo más útil es plantarse”. Entre las demandas: que el Estado pague lo que Junts calcula como 50.000 millones de euros en deuda de infraestructuras con Cataluña, la aplicación efectiva de la ley de amnistía (que el Tribunal Supremo se resiste a aplicar a Puigdemont), competencias en inmigración y el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
Un dato que ilustra la frustración: de los 11.300 millones de euros comprometidos para inversión ferroviaria en Cataluña (las famosas Rodalies), solo se han ejecutado 5.676 millones — la mitad.
Sin los siete escaños de Junts, la ecuación no sale.
Los demás socios, cada uno con su precio
El Partido Nacionalista Vasco (PNV, cinco escaños) está frustrado por los acuerdos bilaterales que el Gobierno cierra con otros partidos sin consultarle. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, siete escaños) negocia algo potencialmente sísmico: que la Generalitat recaude y gestione el IRPF, un modelo similar al concierto económico vasco. Podemos (cinco escaños) ya ha votado contra el Gobierno en momentos clave, como el decreto ómnibus de enero de 2026.
El 27 de noviembre de 2025, la prueba de fuego: el Congreso rechazó el techo de gasto propuesto por el Gobierno para 2026 — 216.177 millones de euros — por 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones. Votaron en contra PP, Vox, Junts y Podemos. Sin techo de gasto aprobado, el Gobierno ni siquiera puede presentar un proyecto de ley de presupuestos.
Los presupuestos de 2026 estaban muertos antes de nacer.
¿Cuánto dinero pierde tu comunidad autónoma?
La ministra de Hacienda y primera vicepresidenta, María Jesús Montero, ha puesto cifras al coste político del bloqueo: las comunidades autónomas gobernadas por el PP están rechazando una propuesta de financiación que les supondría 5.485 millones de euros adicionales. Montero lo calificó de “absurdo”.
Pero la pérdida más silenciosa es la que nadie rechaza porque ya ha ocurrido. Sin presupuestos nuevos, la inversión pública cayó de 44.115 millones de euros en 2023 a 43.322 millones en 2024. España invierte el 2,6% de su PIB en infraestructuras y servicios públicos, frente al 3,4% de media en la eurozona. Cerrar esa brecha requeriría unos 15.000 millones de euros más al año, según el Instituto de Estudios Económicos.
Con los presupuestos congelados, esa convergencia es imposible.
¿Cómo te afecta en el día a día?
Quizá no notes la prórroga presupuestaria al hacer la compra. Pero sus efectos se acumulan.
Sanidad. España gastó 138.000 millones de euros en sanidad en 2023, por debajo de la media europea como porcentaje del PIB (en torno al 10,7% frente al 11% de media en la UE, según Eurostat). Sin nuevos presupuestos, las partidas sanitarias no se ajustan ni a la inflación ni al envejecimiento de la población. Las listas de espera no están en una línea presupuestaria, pero dependen de ella.
Pensiones. El 27 de enero de 2026, el Congreso rechazó el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones para este año — 178 votos en contra, 171 a favor. El decreto habría subido las pensiones mínimas más de un 7%, con algunas categorías hasta un 11,4%. La subida quedó temporalmente en el aire hasta que el Gobierno pudo presentar un decreto limpio.
Salarios públicos. Los funcionarios recibieron un aumento del 1,5% para 2026 (con un 0,5% adicional si la inflación supera el 1,5%), pero fue por un acuerdo previo, no por unos presupuestos nuevos. El salario mínimo interprofesional se congeló en 1.184 euros al mes.
Infraestructuras. Los nuevos proyectos no pueden arrancar con presupuestos prorrogados. Solo continúan las partidas ya aprobadas. El país no planifica, administra inercia.
¿Pueden obligar al Gobierno a presentar presupuestos?
Es la pregunta del millón — literalmente, de miles de millones. El 23 de diciembre de 2025, el Senado (con mayoría del PP) dio un paso sin precedentes: presentó un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Gobierno por no presentar los presupuestos.
Lo que pide el Senado al TC es triple: que declare que el Gobierno ha vulnerado la prerrogativa constitucional de las Cortes de examinar y aprobar los presupuestos; que declare inconstitucionales las prórrogas de la Ley 31/2022 que entraron en vigor en 2024, 2025 y 2026; y que fije un plazo máximo para que el Gobierno cumpla su obligación.
Esto no tiene precedente. El TC nunca ha tenido que decidir si puede obligar al ejecutivo a ejercer su iniciativa legislativa en materia presupuestaria. La Constitución dice “deberá” (el Gobierno deberá presentar los presupuestos), pero también prevé la prórroga automática como solución de emergencia. Esa ambigüedad es la que el TC tiene ahora sobre la mesa.
Montero se defiende: “Es plenamente constitucional”, dijo el 18 de febrero de 2026, citando precisamente el artículo 134.4 que permite la prórroga.
Los fondos europeos, con reloj en marcha
Hay otro problema que no espera a que los políticos se pongan de acuerdo. España tiene asignados 163.000 millones de euros del plan europeo de recuperación Next Generation EU — 69.500 millones en subvenciones y hasta 83.200 millones en préstamos. La fecha límite para comprometer las inversiones es agosto de 2026. Para cobrar, diciembre de 2026.
A mediados de 2025, España solo había adjudicado un tercio de esos fondos — unos 56.700 millones de los 163.000 disponibles, según CaixaBank Research. El ritmo de ejecución español (30% de los desembolsos solicitados) está muy por debajo del de Francia (76%) o Italia (58%).
La prórroga presupuestaria no ayuda: sin presupuestos nuevos, no se pueden crear nuevas líneas de inversión vinculadas a los fondos europeos. Hay que recurrir a decretos ley como parches. La Comisión Europea ya llamó la atención a España y Bélgica en diciembre de 2025 por no haber presentado sus presupuestos de 2026.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que vigila las cuentas públicas españolas, ha advertido de que la falta de presupuestos dificulta el seguimiento de las cuentas y complica el despliegue de los fondos europeos. Unos fondos que, según el Banco Central Europeo, podrían aportar 2,9 puntos porcentuales al PIB en 2026 — si se ejecutan.
Ese “si” pesa cada día más.
¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Pedro Sánchez insiste: “Las legislaturas duran cuatro años”. No contempla elecciones anticipadas. Montero ha dicho que habla con los grupos parlamentarios y que la idea es presentar unas cuentas públicas “lo antes posible”. Pero sin Junts, las matemáticas no dan.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo resumió con sorna en el Congreso: “Señor Sánchez, si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que la siguiente también, ¿no?”.
Los escenarios posibles son tres. Primero, que el Gobierno logre un acuerdo con Junts — algo que requeriría ceder en demandas que hoy parecen maximales. Segundo, que busque una mayoría alternativa sumando a otros partidos, algo aritméticamente posible pero políticamente frágil. Tercero, que continúe gobernando con presupuestos prorrogados hasta el final de la legislatura, usando decretos ley para las medidas más urgentes.
Mientras tanto, siete comunidades autónomas — el 43% de la población española — tampoco tienen sus propios presupuestos aprobados. Y la defensa, con un gasto del 1,24% del PIB frente al compromiso con la OTAN, no puede ampliarse sin nuevas cuentas.
España no está en crisis económica. Su PIB crece, el empleo mejora, la inflación se modera. Pero gobernarse con las cuentas de hace tres años es como conducir mirando solo por el retrovisor. El paisaje cambia, las necesidades cambian, y el presupuesto sigue congelado en 2023.
La pregunta no es si España puede permitirse seguir así. Es cuánto cuesta cada mes que lo hace.