El 2 de marzo de 2026, mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban instalaciones nucleares iraníes en la Operación Epic Fury, 15 aviones militares estadounidenses despegaron de las bases de Rota y Morón rumbo a Alemania. No era una misión de combate. Era una mudanza.
España acababa de decirle a su principal aliado militar que no podía usar sus bases para atacar Irán. Pero esos mismos aviones cruzaron el espacio aéreo español sin problema. Los cazas, los bombarderos B-1B, los aviones cisterna KC-135: todos pueden sobrevolar la península. Lo que no pueden hacer es despegar desde ella para ir a bombardear.
¿Cómo es posible cerrar una base y dejar abierto el cielo? La respuesta está en un tratado de 1988, en la diferencia legal entre una pista de aterrizaje y una ruta aérea, y en un cálculo político muy deliberado.
Lo que dice el tratado que nadie había leído
El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, firmado el 1 de diciembre de 1988, es el documento que regula toda la presencia militar estadounidense en suelo español. Tiene 69 artículos y tres protocolos de enmienda. Casi nadie lo ha leído entero. Pero hay un párrafo que esta semana se ha convertido en el centro de una crisis diplomática.
El artículo 2, párrafo 2, establece que España autoriza el uso de las bases para “objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral de este Convenio”. Y añade la frase clave: “Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización previa del Gobierno español.”
Esa es la cerradura legal que Sánchez acaba de cerrar con llave. Las operaciones de EEUU contra Irán son unilaterales — no tienen mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ni están amparadas por la OTAN. Por tanto, caen fuera del ámbito del convenio. Y sin autorización previa del Gobierno español, las bases no se pueden usar.
El artículo 24 refuerza el argumento: España mantiene “plena soberanía y control sobre su territorio y espacio aéreo”. El artículo 25 añade que los vuelos “cuyos objetivos excedan los mencionados en el artículo 2” requieren también autorización previa.
No es una interpretación creativa. Es lo que pone el tratado, negro sobre blanco.
Entonces, ¿por qué los aviones siguen cruzando el cielo?
Aquí es donde la historia se complica. Si España tiene plena soberanía sobre su espacio aéreo — y el propio tratado lo reconoce — podría cerrarlo. Tiene la autoridad legal para hacerlo. Pero ha decidido no hacerlo.
Según fuentes gubernamentales citadas por El Confidencial Digital, cerrar el espacio aéreo sería “una decisión de mayor calado diplomático y estratégico” que podría “afectar a compromisos internacionales asumidos en el marco de la OTAN”. En otras palabras: una cosa es negar el uso de tus bases para una operación concreta, y otra muy distinta es bloquear las rutas aéreas que usan los aliados de la OTAN a diario.
El sobrevuelo militar en Europa funciona con un sistema de autorizaciones escalonadas. Los vuelos logísticos rutinarios operan bajo permisos trimestrales genéricos. Otros vuelos militares requieren autorización con 48 horas de antelación a través de un comité bilateral permanente. El tránsito de aviones estadounidenses rumbo a Oriente Medio se integra en el sistema civil-militar de gestión del tráfico aéreo, como una operación más.
España ha trazado una línea política deliberada: negar el uso de las bases (un derecho claro y unilateral bajo el tratado bilateral) sin llegar a cerrar el espacio aéreo (lo que escalaría la confrontación al nivel de toda la OTAN). Es una distinción quirúrgica. Y probablemente la única que le permite a Sánchez decir “no a la guerra” sin romper con la Alianza Atlántica.
Qué hay en Rota y Morón (y por qué importa tanto)
Para entender lo que está en juego, conviene saber qué tienen dentro estas dos bases.
La Base Naval de Rota, en Cádiz, alberga unos 3.000 militares estadounidenses en activo, más 2.500 familiares y varios cientos de civiles. Es la mayor comunidad militar americana en España. Su activo más visible son cinco destructores Aegis de la clase Arleigh Burke — parte del escudo antimisiles de la OTAN en Europa — con un sexto previsto para 2026. Total de tropas estadounidenses autorizadas: unas 4.300.
La Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, es más pequeña: unos 600 militares estadounidenses. Pero su pista de 3.900 metros y su sistema de reabastecimiento la convierten en un nudo logístico clave para operaciones en África y Oriente Medio. Allí estaban estacionados los aviones cisterna KC-135 Stratotanker que repostaban en vuelo a los bombarderos con destino a Irán.
Fueron exactamente esos KC-135 los que hicieron las maletas. Nueve cisterna salieron de Morón hacia Ramstein (Alemania), dos aviones partieron de Rota hacia el sur de Francia y cuatro más despegaron de Rota con destino no revelado. Datos del rastreador FlightRadar24 confirmaron al menos siete aterrizajes en la base alemana.
Los 1.000 españoles que viven de las bases
Si la crisis escala, los más afectados no llevan uniforme. Aproximadamente 1.000 civiles españoles trabajan en Rota, unos 30 en Morón y una decena más en oficinas de enlace en Madrid y Valencia. Son técnicos, administrativos, personal de mantenimiento — empleos estables en zonas donde el trabajo escasea.
El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE), lo resumió así: “La base es nuestra mayor riqueza.” No exageraba. La base naval representa aproximadamente el 60% de la economía del municipio. El efecto se extiende a los bares, comercios y servicios de pueblos cercanos como Sanlúcar de Barrameda y Chipiona.
En octubre de 2025, estos trabajadores ya sufrieron retrasos en las nóminas por un cierre parcial del Gobierno federal estadounidense. Ahora, con la salida visible de aviones y la reducción de actividad militar, la incertidumbre es mayor. Nadie habla todavía de despidos, pero el éxodo de personal militar ya se nota en la calle.
Un precedente de 1986 que Sánchez conoce bien
Esta no es la primera vez que un presidente del PSOE le dice que no a Estados Unidos. En abril de 1986, cuando Ronald Reagan pidió apoyo para bombardear Libia tras el atentado en una discoteca de Berlín, Felipe González denegó tanto el uso de las bases como el sobrevuelo del espacio aéreo español.
La consecuencia fue inmediata: los F-111 estadounidenses tuvieron que rodear la Península Ibérica, con múltiples repostajes en vuelo y miles de kilómetros extra, en una de las misiones de combate más largas de la historia europea.
Aquella decisión se tomó apenas un mes después del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, donde el “sí” ganó por un estrecho margen. González mantuvo el compromiso atlántico pero preservó un margen de autonomía en política exterior.
La diferencia con 2026 es significativa: Sánchez ha cerrado las bases pero ha dejado abierto el espacio aéreo. González cerró ambos. El gesto es más contenido — pero la respuesta de Washington ha sido más agresiva.
En el otro extremo está José María Aznar (PP), que en 2003 puso a España entre los principales aliados de la invasión de Irak, con las bases de Rota y Morón proporcionando apoyo logístico. Las manifestaciones masivas, y después los atentados del 11-M de 2004, convirtieron aquella decisión en una referencia política que ningún presidente español puede ignorar.
Y existe un tercer precedente: en 2011, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) sí autorizó el uso de Morón como base principal de reabastecimiento para la operación de la OTAN en Libia. La diferencia clave: aquella intervención contaba con la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. La operación contra Irán no tiene nada parecido.
El patrón es claro: con mandato de la ONU o la OTAN, España coopera. Sin él, los gobiernos del PSOE dicen que no.
Trump amenaza, España aguanta (por ahora)
La reacción de Donald Trump fue inmediata y contundente. El 3 de marzo, durante una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, declaró: “Vamos a cortar todo el comercio con España.” Y añadió: “Nadie nos va a decir que no podemos usarlo.”
Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la negativa española “ponía en peligro vidas americanas”. Trump también atacó a España por no alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la OTAN, citando la cifra del 5% del PIB — cuando España argumenta que el 2,1% es suficiente.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió que desde las bases españolas no se había prestado “ninguna asistencia de ningún tipo, absolutamente ninguna”. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue más explícito: “Son bases de uso conjunto, pero de soberanía española, y por lo tanto España tiene la última palabra sobre su uso.”
Pedro Sánchez, en rueda de prensa el 4 de marzo, resumió su posición en cuatro palabras: “No a la guerra.” Y añadió: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y además contrario a nuestros valores e intereses, solo por miedo a las represalias de alguien.”
La Casa Blanca llegó a afirmar que España había “aceptado cooperar” con las operaciones militares. Madrid lo desmintió en cuestión de horas.
Qué dice la oposición (y por qué importa)
El PP de Alberto Núñez Feijóo calificó la situación de “bochorno”, señalando que Irán había elogiado la decisión de España. Feijóo defendió la alineación con los aliados occidentales y argumentó que España no debería tomar “posiciones singulares” que debiliten su credibilidad internacional.
Vox fue más lejos. Santiago Abascal llamó a Sánchez un “auténtico traidor” y advirtió de una crisis diplomática “sin precedentes”.
Desde la izquierda, Sumar respaldó la decisión. Yolanda Díaz rechazó las amenazas de Trump diciendo que España “no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor”. Y Adelante Andalucía pidió directamente la expulsión del Ejército de EEUU de las bases, proponiendo un plan de empleo alternativo para que los vecinos de Rota y Morón no dependan de la presencia militar.
La fractura es previsible pero reveladora. La derecha acusa a Sánchez de aislarse de los aliados. La izquierda le acusa de no ir suficientemente lejos. Y en medio, unos 1.000 trabajadores españoles esperan a ver si su empleo sobrevive a la geopolítica.
Lo que viene ahora
La crisis no ha terminado. Trump ha amenazado con un embargo comercial que, de materializarse, afectaría a un intercambio bilateral de bienes que supera los 30.000 millones de euros anuales. No está claro si es una amenaza real o una táctica negociadora, pero el mensaje ha llegado.
Lo que sí es seguro: los destructores Aegis siguen en Rota, integrados en el escudo antimisiles de la OTAN. Esos barcos no se van a ir — su misión es multilateral, no unilateral, y están amparados por el convenio. La pregunta es si la relación bilateral puede absorber esta fricción sin que afecte a la cooperación en defensa a largo plazo.
Para los vecinos de Rota que ven cómo los militares americanos hacen menos compras en el supermercado, la geopolítica no es abstracta. Es la diferencia entre un pueblo que funciona y uno que se apaga. España ha ejercido un derecho legal claro, amparado por un tratado que ambas partes firmaron. Pero ejercer un derecho y gestionar sus consecuencias son dos cosas muy distintas.