Antonio Tejero murió a las 18:45 del 25 de febrero de 2026 en Alzira, Valencia. Tenía 93 años. Unas horas antes, esa misma mañana, el Gobierno había publicado en la web de La Moncloa los 153 documentos que llevaban 45 años clasificados sobre el golpe de Estado que él protagonizó. No llegó a leerlos. Probablemente, tampoco le habrían sorprendido.
La desclasificación, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026 y publicada mediante la Orden PJC/125/2026 en el BOE, incluye transcripciones telefónicas, informes de inteligencia, documentos manuscritos de planificación del golpe y cables diplomáticos. Pedro Sánchez lo resumió con una frase: “La memoria no puede estar bajo llave.”
Pero la pregunta que importa no es si estos papeles debían salir a la luz —casi nadie discute eso—. La pregunta es: ¿cuentan algo que no supiéramos?
La respuesta corta: sí, pero menos de lo que esperábamos. Y lo que callan resulta tan revelador como lo que dicen.
Seis horas al teléfono, hablando en clave de tractores
Entre los documentos más llamativos están las transcripciones completas de las conversaciones telefónicas entre Antonio Tejero y Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23-F. Durante seis horas, García Carrés habló con Tejero desde su despacho mientras los diputados permanecían retenidos en el hemiciclo.
El nivel de improvisación resulta casi cómico. García Carrés tuvo que pedir a Tejero el número de teléfono del Congreso porque no lo tenían preparado. Se comunicaban usando nombres en clave —Tejero era “el Capataz”— y metáforas agrícolas: hablaban de “tractores”, “repuestos” y “fincas” para referirse a tropas, armamento y objetivos. La contraseña era “Duque de Ahumada”, el fundador de la Guardia Civil.
Pero lo más revelador es cómo García Carrés mintió sistemáticamente a Tejero. Le aseguró que las regiones militares segunda a quinta apoyaban al general Milans del Bosch como presidente. En realidad, solo la III Región Militar de Valencia se había sublevado. “No os dejéis engañar. No renuncies, que es España”, le repetía García Carrés a un Tejero que estaba recibiendo información completamente falsa.
Cuando el general Alfonso Armada llegó al Congreso con su propio plan —un gobierno de concentración con políticos de todos los partidos, en lugar de la junta militar que Tejero quería—, la reacción de Tejero fue demoledora: “Es un chapucero. Lo que quiere es ser presidente como sea.”
Los golpistas no fracasaron solo porque el Rey les retiró el apoyo. Fracasaron también porque no se ponían de acuerdo entre ellos.
El CESID: de testigo a cómplice
Si las transcripciones de García Carrés confirman lo caótico del golpe, los documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, el servicio de inteligencia militar, antecesor del actual CNI) revelan algo más inquietante: la participación activa de agentes del Estado.
De los 153 documentos, 84 proceden del CESID. Y en ellos aparece un dato que los historiadores llevaban décadas buscando: un informe interno confirma que seis miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), la unidad de operaciones encubiertas del CESID, “participaron activamente” en los hechos o tenían conocimiento previo.
El comandante José Luis Cortina, jefe de la AOME y absuelto en el juicio de 1982, dirigió una operación de encubrimiento interna bautizada como “Operación Míster”. Consistía en modificar fechas y justificar los movimientos de personal del 23 de febrero para que las presencias de agentes en el entorno del Congreso parecieran rutinarias.
La investigación interna del CESID encontró “contradicciones” en las declaraciones de los agentes García Almenta, Gómez Iglesias, Monge Segura y Sales Maroto. Cortina y estos agentes fueron apartados de la AOME. Pero ninguno fue juzgado con éxito: Cortina resultó absuelto en el consejo de guerra.
El historiador Jesús Palacios, autor de 23-F: El golpe del CESID (2001), fue directo tras conocer los documentos: “Confirman que el CESID fue el ejecutor del 23-F.” Los agentes usaron vehículos oficiales y equipos de transmisión del servicio de inteligencia para coordinar la llegada de los autobuses de la Guardia Civil al Congreso.
Y hay un detalle especialmente perturbador: según los documentos, algunos miembros del CESID “alimentaron la convicción de Tejero de que contaba con el pleno respaldo del Rey.”
¿Qué dicen los papeles sobre Juan Carlos I?
Esta es la pregunta que ha dominado el debate desde el 25 de febrero. Y la respuesta es frustrante por lo ambigua.
Los documentos incluyen una cronología de 10 páginas elaborada por el CNI sobre los hechos “tal como se conocían en el Palacio de la Zarzuela”. Según este relato, a las 18:22 el Rey se enteró por la radio de la entrada de Tejero en el Congreso. Entre las 18:30 y las 19:00, Armada llamó a Zarzuela; Juan Carlos le dijo que “no viniera al palacio.”
A la 1:20 de la madrugada del 24 de febrero, el Rey transmitió a Milans del Bosch dos frases que los documentos recogen textualmente: “Juro que no abdicaré la Corona” y “Cualquier golpe de Estado no puede escudarse detrás del Rey; es contra el Rey.”
Esas palabras sostienen la versión oficial que los españoles conocen desde hace 45 años: Juan Carlos I salvó la democracia aquella noche.
Pero lo que falta en los documentos es tan significativo como lo que contiene. No hay grabaciones de las llamadas telefónicas del Rey desde Zarzuela. No hay transcripciones literales de sus conversaciones con los mandos militares. No hay ningún documento que demuestre —ni que descarte— que el Rey supiera de antemano que “algo se estaba preparando.”
El portal infoLibre resumió bien el veredicto de la mayoría de analistas: los documentos “no alteran la versión oficial vigente” pero “alargan la sombra” sobre el papel del monarca. Ni le salvan del todo, ni le condenan.
Enrique Santiago, de Izquierda Unida, fue más contundente: calificó la desclasificación de “una nueva operación de blanqueo.”
¿Por qué estuvieron clasificados 45 años?
España tiene un problema con sus secretos oficiales. La Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, aprobada bajo el franquismo, no establece ningún plazo automático de desclasificación. Un documento puede permanecer secreto indefinidamente hasta que el mismo órgano que lo clasificó —el Consejo de Ministros— decida lo contrario.
Compara esto con Estados Unidos, donde los documentos clasificados se desclasifican automáticamente tras 25 años salvo excepciones. O con Reino Unido, donde el plazo general es de 20 años. En España, técnicamente, los papeles del 23-F podrían haber seguido clasificados otros 45 años más.
El Gobierno envió al Congreso en julio de 2025 una nueva Ley de Información Clasificada que sustituiría la norma franquista. Esa ley establecería plazos automáticos: 45 años para documentos “Alto Secreto” (prorrogables una vez por 15 años más), con plazos menores para categorías inferiores. A fecha de hoy, esa reforma sigue tramitándose.
La justificación oficial para la desclasificación del 23-F fue que “el transcurso del tiempo y la consiguiente distancia de los hechos” hacía que ya no se justificara la protección por razones de seguridad y defensa. Los críticos ven una motivación más directa: el 45 aniversario del golpe ofrecía al Gobierno una oportunidad de ocupar la agenda mediática con un gesto de transparencia.
Lo que sigue bajo llave
La desclasificación fue amplia pero no completa. Los historiadores señalan varias ausencias notables.
El archivo judicial completo del caso —el Sumario 2/81— está custodiado por el Tribunal Supremo, no por el poder ejecutivo, y por tanto queda fuera de la potestad desclasificadora del Consejo de Ministros. Muchos nombres en los informes del CESID aparecen bajo seudónimos que los servicios de inteligencia no han descifrado.
Tampoco aparecen varios documentos que los investigadores llevan décadas reclamando: la versión completa del Informe Jáudenes (la investigación interna sobre la AOME, con los testimonios personales de los agentes implicados redactados), las grabaciones telefónicas interceptadas entre Zarzuela y los centros de mando militares la noche del golpe, ni la carta de Armada de marzo de 1981 en la que pedía permiso para mencionar sus conversaciones con el Rey durante el juicio militar.
Roberto Muñoz Bolaños, historiador militar y autor de 23-F: Los golpes de Estado, señaló que la desclasificación era “acotada”: útil para confirmar lo conocido, insuficiente para resolver las incógnitas pendientes.
45 años después, la misma pregunta
Los 153 documentos desclasificados del 23-F nos dejan más informados pero no más seguros. Sabemos con más detalle cómo se cocinó el golpe desde dentro —la chapuza, las mentiras entre conspiradores, la implicación directa de agentes de inteligencia—. Pero la gran pregunta de estos 45 años sigue abierta: qué sabía exactamente el Rey, y cuándo lo supo.
Mientras el Sumario 2/81 permanezca en el Tribunal Supremo sin acceso público, y mientras los seudónimos de los informes del CESID sigan sin decodificar, esa respuesta seguirá incompleta. La memoria, como dijo Sánchez, no puede estar bajo llave. Pero algunas llaves todavía no han aparecido.