En Mallorca, unas mil personas duermen en sus coches. No son turistas de mochila buscando aventura. Son camareros, limpiadores y recepcionistas que trabajan en la industria turística de la isla pero no pueden pagar un alquiler. La vivienda se la llevan los apartamentos turísticos. Y los apartamentos turísticos existen porque cada año llegan más visitantes. Y cada año llegan más visitantes porque España ha construido toda una economía alrededor de que vengan.
El turismo español no ha dejado de ganar. En 2024 recibió 94 millones de turistas internacionales, casi el doble de la población del país. Ingresó más de 126.000 millones de euros. Generó 2,9 millones de empleos. Según la cuenta satélite del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector supone ya el 12,6% del PIB. Si incluyes los efectos indirectos, el World Travel & Tourism Council (WTTC) lo eleva al 15,6%.
Son cifras que cualquier ministro de Economía enmarcaría. Y ese es exactamente el problema.
Una victoria que nadie puede permitirse celebrar
España es la gran economía europea más dependiente del turismo. Francia recibe más turistas —unos 100 millones al año—, pero su sector turístico apenas supone el 9% del PIB. Italia ronda el 11%. España, con un PIB de 1,6 billones de euros, tiene entre el 12,6% y el 15,6% atado a un sector que depende del clima, de las aerolíneas de bajo coste y de que no haya una pandemia o una guerra cerca.
Solo Grecia muestra una dependencia comparable —el turismo llega al 28% de su PIB—, pero Grecia tiene una economía seis veces más pequeña. España juega en la liga de las grandes potencias europeas con la estructura productiva de un destino vacacional.
Y esa dependencia no se está reduciendo. Al contrario: las proyecciones del WTTC para 2025 apuntan a 260.500 millones de euros de contribución y 3,2 millones de empleos. El sector crece más rápido que la economía en su conjunto. Cada año que bate récords, la trampa se cierra un poco más.
El sector que más crece es el que peor paga
Aquí es donde las cifras macroeconómicas dejan de cuadrar con la vida real. Un camarero, una limpiadora de hotel o un recepcionista en España gana de media 16.985 euros brutos al año, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE. La media nacional es de 27.558 euros. Eso es un 39% menos.
La hostelería es, de forma consistente, el sector peor remunerado de la economía española.
La reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad oficial —del 30% a alrededor del 16%—, pero lo hizo en parte convirtiendo contratos temporales en fijos discontinuos: trabajadores que técnicamente tienen contrato indefinido pero solo cobran durante la temporada. Las estadísticas mejoran. La realidad del trabajador, menos.
Las Kellys —las camareras de piso que limpian las habitaciones de hotel— son el ejemplo más crudo. Más de 200.000 mujeres que limpian entre 24 y 27 habitaciones en turnos de seis horas, muchas subcontratadas por empresas intermediarias que se quedan hasta el 40% de su salario. Cobran entre 2,50 y tres euros por habitación. Más del 70% necesitan medicación para soportar el estrés y las lesiones. Sus cuerpos se rompen entre los 45 y los 50 años.
Esas son las personas que sostienen la industria de los 126.000 millones.
Tu alquiler también es un producto turístico
En febrero de 2024, España tenía 351.389 viviendas de uso turístico registradas, según el INE. Un crecimiento del 9,2% en un año, y del 17,5% anual en los años anteriores. Cada una de esas viviendas es un piso que no está en el mercado de alquiler residencial.
El efecto es medible. Un estudio de la Universidad de Málaga determinó que en zonas donde las viviendas turísticas superan el 10% del parque residencial, los alquileres suben entre un 31% y un 33% más que en los barrios circundantes.
Los datos de Idealista confirman el resultado a escala nacional: el alquiler medio en España alcanzó los 13,5 euros por metro cuadrado en diciembre de 2024, un máximo histórico con una subida del 11,5% interanual. En Barcelona, 23,4 euros por metro cuadrado. En Palma de Mallorca, 17,2. En Málaga, 15,6. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado la subida de alquileres en la ciudad en un 68% en la última década.
La Ley de Vivienda (Ley 12/2023), en vigor desde mayo de 2023, fue diseñada para contener esto. Ha fracasado. El alquiler medio en España pasó de 906 euros mensuales en 2022 a 1.069 en 2024, un aumento del 18% en dos años. Las zonas de mercado tensionado que la ley permite declarar no han frenado la subida.
El problema es estructural: un apartamento turístico en Barcelona genera más rentabilidad en una semana que un alquiler residencial en un mes. Mientras eso sea así, la regulación va detrás del mercado.
Las ciudades reaccionan, el gobierno celebra
Las protestas de 2024 pusieron el sobreturismo en el mapa político. En abril, entre 20.000 y 50.000 personas se manifestaron en Canarias pidiendo una moratoria turística. En julio, 3.000 vecinos recorrieron el centro de Barcelona con pistolas de agua, sellaron entradas de hoteles y acordonaron restaurantes. En Mallorca, más de 20.000 personas marcharon bajo el lema “Menys turisme, més vida”. Málaga, San Sebastián, Granada e Ibiza siguieron. En junio de 2025, una segunda oleada en Barcelona usó el eslogan “Tus vacaciones, mi miseria”.
Algunos alcaldes han respondido con medidas concretas. Barcelona eliminará sus 10.101 licencias de apartamentos turísticos antes de noviembre de 2028 —Collboni ha confirmado que no habrá excepciones— y ha reducido los atraques de cruceros de siete a cinco. Málaga ha prohibido nuevas licencias turísticas en 53 barrios y ha impuesto una moratoria de tres años en todo el municipio. Baleares ha conseguido que la oferta de alquiler vacacional sea un 80% menor que en 2017, según Exceltur.
Son medidas reales. Pero chocan con una realidad incómoda: el gobierno central celebra los mismos récords que las ciudades intentan frenar.
Pedro Sánchez dijo en enero de 2025 que “en España sobran Airbnb y faltan viviendas”. Anunció 12 medidas, entre ellas un impuesto del 100% a las compras inmobiliarias de extranjeros no comunitarios no residentes, la equiparación fiscal de los pisos turísticos con los hoteles, y la transferencia de 3.300 viviendas a la empresa pública. Eliminó el visado dorado. Creó un registro único de alquileres turísticos que ya ha denegado más del 20% de las solicitudes y ha eliminado unos 53.000 pisos del registro.
Pero al mismo tiempo, la Moncloa publica notas de prensa celebrando cada trimestre de récord turístico. En el cuarto trimestre de 2025, el empleo turístico superó por primera vez los tres millones de ocupados. El gobierno lo presentó como un éxito.
La contradicción es evidente: no puedes declarar la guerra al sobreturismo mientras tu modelo económico depende de que vengan más turistas cada año.
La trampa del monocultivo
Raymond Torres, director de coyuntura económica de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros, uno de los principales centros de análisis económico de España), lo ha dicho sin rodeos: “España crece gracias a la inmigración, el turismo y el gasto público, no a los avances tecnológicos o las mejoras de productividad”. Y añade: “El turismo ya no puede crecer mucho más y el gasto público no es sostenible a estos niveles”.
Un número de la revista Papeles de Economía Española publicado en 2025 por FUNCAS concluye que la productividad del sector turístico es un 33% inferior a la media nacional. El sector, dice, está “obligado a pasar de la promoción centrada en batir récords a una planificación que minimice su impacto negativo”.
El Banco de España apunta en la misma dirección en su informe anual de 2024: la economía española tiene “un peso relativo mayor de la hostelería y el turismo” que el resto de la zona euro, con “un porcentaje elevado de empresas muy pequeñas, de baja productividad y reducida facturación”. Y avisa: la menor contribución de la demanda externa vendrá “principalmente del agotamiento del tirón del turismo, dadas las señales de saturación ya percibidas”.
Dicho de otro modo: el propio banco central del país reconoce que el modelo tiene fecha de caducidad.
Lo que está en juego no es el turismo, sino todo lo demás
Nadie serio propone eliminar el turismo español. Es imposible y sería absurdo. Lo que está en juego es mucho más concreto: si España va a seguir apostando cada año más fichas al mismo número.
El turismo genera el 12,6% del PIB, pero también produce los empleos peor pagados, expulsa a residentes de sus barrios, distorsiona el mercado de la vivienda y concentra la actividad económica en un sector con productividad baja y alta dependencia de factores que España no controla.
Cada récord turístico es una buena noticia macroeconómica y una mala noticia estructural. Más ingresos hoy, más dependencia mañana. Más empleo, pero de peor calidad. Más crecimiento, pero del tipo que no mejora la vida de la gente que hace posible ese crecimiento.
Marti Cusó, portavoz de la Asociación de Vecinos del Barrio Gótico de Barcelona, lo resume bien: “Queremos que el modelo económico de la ciudad priorice otras economías mucho más justas. Y para eso consideramos que hay que reducir el turismo”.
No es turismofobia. Es aritmética. Un país de 48 millones de personas no puede recibir 94 millones de turistas al año y pretender que todo el mundo gane. Alguien paga el coste de esos récords. Y, por ahora, lo pagan los que limpian las habitaciones, los que no encuentran piso y los que ven cómo su barrio se convierte en un decorado para visitantes.
España tiene que decidir si quiere seguir ganando la partida del turismo o empezar a jugar a otra cosa. Porque lo que está claro es que ganar esta partida, año tras año, nos está saliendo muy caro.